Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en contra de la prisión preventiva

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) considera que el uso de la prisión preventiva es un problema crónico en la región. Así lo publicaron la semana pasada en el Informe sobre medidas dirigidas a reducir el uso de la prisión preventiva en América.

“El uso no excepcional de esta medida es uno de los problemas más graves y extendidos que enfrentan los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en cuanto al respeto y garantía de los derechos humanos de las personas privadas de libertad”, asegura el comunicado.

Según el informe, en la región la cantidad de personas en prisión preventiva es del 36% de la población penitenciaria lo cual es más del 60% en algunos de los países. La CIDH considera que, pese a que las medidas para reducir el abuso de esta figura ya han sido ofrecidas y hasta probadas, la disposición de los Estados de la región para aplicar las acciones necesarias.

El objetivo que fue presentado pretende dar seguimiento al informe sobre el uso de la prisión preventiva en América de 2013. Asimismo, incorpora otras perspectivas del conflicto respectos a personas de diversos grupos sociales como poblaciones indígenas, personas discapacitadas y mayores, además de poblaciones afrodescendientes y de identidades de género diferentes.

La CIDH señala actuaciones concretas que resultan obstáculos para reducir la problemática. Entre ellas: los funcionarios judiciales que deciden aplicar medidas no punitivas se les sanciona publica y disciplinariamente y, la falta de conjunción interinstitucional entre las instituciones que intervienen en la administración de la justicia.

 

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Otra de las conductas señaladas en el informe responde a que la percepción ciudadana de que las medidas de encarcelamiento deben de ser respuesta inmediata a la inseguridad. Algo que, además, se propone constantemente el sistema político.

“En los discursos de altas autoridades prevalecen las propuestas de aplicar políticas llamadas “de mano dura”, que se enfocan en la privación de libertad como respuesta a la inseguridad ciudadana, y consecuentemente privilegian la aplicación de la prisión preventiva. Ello, a su vez, genera presión de los medios de comunicación y de la opinión pública para aplicar este tipo de políticas.” señala el comunidado emitido el 7 de setiembre.

Necesidad de reformar políticas de drogas

El consumo y posesión de sustancias para uso personal que se consideran como delitos menores son seriamente castigados en las legislaciones. Como resultado, la prisión preventiva es la solución inmediata que se ha propuesto en lugar de otro tipo de medidas alternativas al encarcelamiento.

Ante esto “la CIDH manifiesta su particular preocupación ante este problema y urge a los Estados de la región a estudiar enfoques menos restrictivos, a través de la descriminalización del consumo y posesión de drogas para uso personal.”

Este problema atraviesa un importante desafío debido a que las políticas criminales en materia de drogas se han endurecido reflejando un incremento en el número de privados de libertad lo cual ha afectado en primer lugar a la población femenina.

El órgano autónomo de la OEA considera que las medidas actuales como la implementación de programas de justicia restaurativa, las audiencias y revisaciones de los casos son un paso para garantizar la reducción de estos plazos. Sin embargo, insta a los Estados a adoptar medidas que supervisen los procesos abreviados que se han implementado para estos casos cuyo proceso a veces viola el debido proceso.

Consulte el informe aquí.

 

 

 

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