El Fiscal General, Jorge Chavarría, lo tiene claro desde hace tiempo: el narcotráfico se ha infiltrado en las instancias públicas del país. Esto lo volvió a manifestar ayer a la prensa luego de darse a conocer el despido de 115 policías.
Según el fiscal, ya hay suficientes indicios que demuestran corrupción del narcotráfico en el Ministerio Público, Poder Judicial, Ministerio de Seguridad y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
La situación se agrava por cuanto el sistema judicial no está teniendo la capacidad para cerrar casos que pongan a los criminales juzgados por narcotráfico tras las rejas. Para él, el Poder Judicial falla y se tarda en la recolección de pruebas lo que lo lleva a retrasar los plazos para los juicios.
“Los tribunales no están entendiendo bien el entorno de criminalidad del país, parece que los jueces no tienen la capacidad jurídica para enfrentar los casos” manifestó Chavarría.
Esta inoperancia parece estar vinculada con la falta de capacitación a los nuevos funcionarios que entran al sistema. Agregado a esto, los jueces cometen errores de procedimiento que hace que los criminales ganen tiempo comprando a funcionarios para ganar tiempo y amenazando a testigos que luego no quieren declarar en contra de los imputados.
En esta misma línea, la figura de Marcos Antonio Zamora Solórzano, alias El Indio y encarcelado en el 2015, ponen a Costa Rica en una nueva etapa del crimen organizado.
Fuentes confiables manifestaron recientemente a MCN que el conflicto entre bandas locales y extranjeras podría empezar a agravarse producto de factores relacionados en parte a la legalización del cannabis en Estados Unidos.
En medio de este flagelo, los asesinatos y la configuración del sicariato se ha atizado a lo interno entre bandas cuyos próximos enfrentamientos podrían vincularse con el dominio del mercado local entre mexicanos y costarricenses.
Pese a que el Fiscal General afirma que investigaciones han encontrado vínculos de la penetración del poder criminal en las instituciones, envía el mensaje de que la situación «no es para alarmarse» aun cuando estemos ante las puertas de lo que sucede en México, Colombia, Honduras o Guatemala.
La versión de las autoridades es que, fortaleciendo el sistema penal, se podrá evitar que sucedan este tipo de filtraciones. Sin embargo, no se ha lanzado un plan que pueda golpear verdaderamente las finanzas de los grupos narcos que hoy día manejan el negocio del cannabis, cocaína, crack, armas y como él mismo afirma «parece que los tribunales no están entendiendo bien la situación del crimen en el país».
Mientras el debate de la legalización de las sustancias ilícitas no se ponga en el tapete de la discusión, es inevitable que el dinero del narcotráfico siga penetrando las instituciones públicas.
Y para entender la dimensión del asunto, hay que recalcar que solo el Cartel de Sinaloa tiene presencia en más de 50 países, según agencias de seguridad estadonidenses. Su capital económico por tanto, supera en demasía el presupuesto nacional para combatir el crimen.
¿De verdad las autoridades creen que sin golpear las finanzas de las bandas se pueda detener su penetración en las entidades públicas?
en Costa Rica. 
