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Editorial: «Periodismo del estigma»

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Durante varios años la problemática del narcotráfico en Costa Rica ocupa una gran cantidad de páginas en los diarios y en las secciones de los noticieros importantes. En su mayoría, las coberturas abarcan incautaciones masivas, despliegues policiales y asesinatos producto del sicariato.

Este último es un nuevo fenómeno cada vez más repetitivo y demuestra una nueva configuración en el escenario de las bandas distribuidoras del territorio que además, debería sacudir las bases del acercamiento periodístico convencional que realizan todos los medios de comunicación de importancia en el país.

Entiéndase La Nación, Teletica, Repretel, La Extra, CRhoy.

Hablemos del aumento del narcosicariato. ¿Qué significa el sicariato para el país? ¿Qué cosas han ocasionado que se empiecen a dar asesinatos de la manera que ocurre en otros países de Centroamérica?

Es probable que la mayoría de costarricenses no lo tenga claro.

Hay varias razones para responder esto. Primero, existe una falta inminente por el periodismo investigativo. Hablamos de áreas especializadas en realizar trabajo de campo y rastrear la situación callejera en la que se mueve el mundo de las drogas; los vendedores grandes, pequeños y quienes las consume -pocos de ellos adictos-.

Hasta el momento, toda –o casi toda- la información que producen las salas de redacción en cuanto al tema viene de la oficina de prensa del Ministerio de Seguridad o el Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Hay una necesidad de los periodistas por publicar los discursos oficiales sin cuestionarlos y emitir opinión sobre sus resultados.

Segundo, el tema tiene una urgencia por un debate de altura donde se incluyan voces representativas de todos los sectores no relacionados con las instituciones antes mencionadas. Esto con el objetivo de establecer un anclaje más completo de los pormenores y asentar un nuevo acercamiento.

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Este tipo de actores ya existen en el país elaborando guías para entender mejor dónde y porqué se sustenta la prohibición de sustancias a nivel mundial, elaboración de datos estadísticos que sirven para entender cuáles son las acciones que las instituciones de Costa Rica deberían manejar.

Asimismo, esta falta de conocimiento ha dejado que la discusión del cannabis se politice a través de la discusión del proyecto 19256, con finalidad de introducir una industria de cannabis en el país. Los encargados invitan a panelistas que, con sus intervenciones en los debates demuestran tener nulos conocimientos teóricos base del tema.

Y agregado a esos, los medios importantes no producen debates de altura en donde constantemente se teorice sobre el tema.

El ICD dejó clara su postura en su último informe. Ellos seguirán apuntando por “debilitar el consumo” e invertir en armas, pese a que no haya sido una estrategia exitosa.

El problema es que las Convenciones Internacionales sobre sustancias de las Naciones Unidas (ONU) dejan a institutos como el ICD la posibilidad para la regulación. Es decir, cada país decide si desea hacer frente al tema de la regulación de manera estatal.

Y es entonces cuando un país podría elegir a un José Mujica (propulsor de la legalización total del cannabis en Uruguay) o a un Rodrigo Duterte, el presidente filipino quien ha mandado a matar a más de 5,000 consumidoras en los últimos meses.

Es tan importante el discurso de los organismos nacionales como el que cada medio de comunicación debe construirse alrededor de seguridad nacional.

Sin embargo, hasta el momento, los periodistas están muy cómodos reproduciendo desde sus ordenadores los discursos del ICD y el IAFA, cuya credibilidad política y social es cada vez más baja.

¿Quién audita al ICD y al IAFA? ¿Quién evalúa su trabajo? Los medios voceros del gobierno y las instituciones culpan al pueblo por su rendimiento.

¿A quién le creemos?

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ESCRITO POR: REDACCIÓN

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