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La millonaria estafa internacional por venta ilegal de licencias de cannabis en Costa Rica

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Hace tres años Costa Rica estaba ante las puertas de algo grande. Una nueva administración ponía punto final a ocho años de escándalos de corrupción, huelgas y mal manejo del erario público. El nuevo gobierno prometía un serio cambio en las bases de la democracia y en la forma como se venía haciendo política durante los últimos años.

Los méritos de ese trabajo subieron al poder a nuevos rostros en la política. En el 2014, uno de ellos recién llegaba al congreso. Un médico y abogado oriundo de Buenos Aires de Puntarenas se instalaba en una de las alas del edificio de la Asamblea Legislativa para desarrollar ideas de bienestar para el país.

Un día, sentado en su despacho, el diputado electo Marvin Atencio tuvo una idea acorde con la filosofía de su gobierno: legalizar el cannabis medicinal.

                              Marvin Atencio en Reform Conference. Archivo MCN.[/caption]

Es así como surge el proyecto de ley para la regulación del cannabis medicinal y cáñamo industrial (19256) o ley de cannabis en Costa Rica. La iniciativa fue presentada en agosto 2014 luego de consultas con representantes civiles, empresarios y estudiosos de la materia a nivel nacional e internacional.

Las consultas eran esenciales pues a nivel nacional se desconocen algunos aspectos importantes para incluir en un proyecto. Sabía que si hablaba del “cannabis recreativo” nunca tendría el apoyo de los otros partidos políticos que venían haciéndole la vida imposible al PAC.

El primer texto propuesto para la ley de cannabis, excluía el tema del fumado, tomando como prioritario el uso de píldoras, ungüentos, aceites y tampones. Y tomando en cuenta cepas de cannabis con niveles moderados de delta9-tetrahidrocannabinol (Δ9THC) y cannabidiol (CBD), en esencia medicinales.

Diputados Involucrados

La ley de cannabis asignada en discusión a la Comisión de Asuntos Jurídicos presidida por los diputados Edgardo Araya, Frente Amplio (FA), Marco Redondo, Acción Ciudadana (PAC), Marvin Atencio (PAC), Antonio Álvarez Desanti (PLN)José Alfaro (Movimiento Libertario, ML) y Juan Jiménez Succar (PLN).

COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS IZQ A D.: EN LA FOTO JOSÉ ALFARO (ML) Y JUAN JIMÉNEZ SUCCAR (PLN)

A lo interno, algunos diputados mostraron intereses, sobre todo por el dinero que generaría la industria de cannabis medicinal y el valor de las licencias.

Por un lado, Alfaro (ML) conocido como quien posee 772 placas de taxi a nombre de su esposa, y así quiso aparentemente influir en una ley que regula los porteadores (Nación 2/12/2014) y por el otro lado,  Juan Jiménez Succar (PLN) también conocido como una persona presuntamente acostumbrado a beneficiarse a cambio de lo que él llama “gestos de ayuda” parlamentaria. (Nación 27/2/2016)

Para sorpresa de muchos, no solo a lo interno había interés por la ley de cannabis, sino que la mayoría de las instituciones públicas le brindaron apoyo y le hicieron recomendaciones. Entre ellas, la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), el Ministerio de Salud, Colegio de Médicos y Farmacéuticos y otras entidades competentes.

A pesar del inesperado respaldo nacional al tema, algunos de los sectores de la sociedad civil que fueron consultados por Marvin Atencio en el inicio, estaban inconformes. Entre ellos, el político Gerald R. Murray cuyo temperamento creó fricción dentro del despacho.

Tras una fugaz participación de este personaje en partidos como Liberación Nacional (PLN), Movimiento Libertario (ML), Nueva Generación (PNG), acusó a Marvin Atencio de plagiarle la ley que este había presentado en congreso.

Lo anterior creó un show mediático y como consecuencia un conflicto que terminó en insultos, y es entonces, cuando el diputado Atencio lo hace al un lado.

Pero para Murray el cannabis medicinal significa plata…

Para noviembre del 2014, la ley que regularía el cannabis medicinal en Costa Rica fue casi aprobada en comisión. Sin embargo, Murray se aprovechó de sus contactos políticos y en reuniones privadas se acercó a Juan Jiménez Succar (PLN) y a José Alfaro (ML), viejos conocidos de la política y les promete un gran negocio.

Un negocio cuyos réditos serían dinero y viajes pagados.


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Es así, cuando el diputado Jiménez Succar, presidente de la comisión, presenta una moción para que se reciba a Gerald Murray, representante de una página de Facebook cuyo nombre es Marihuana Medicinal Costa Rica.

¿Cuál es el repentino interés de los diputados Succar y Alfaro por recibir a una persona que no representa más que a su página de Facebook?

Pues muy simple. Porque tras el acto de Murray, se encontraban también dos norteamericanos: Thomas Reeves y Timothy Morales (como se aprecia en el vídeo de izquierda a derecha) interesados en las ganancias que generarían las licencias comerciales de cannabis y el “nuevo negocio” que proponía la ley 19256.

Del borrador de un intento de “texto de ley” que presentó Murray el día 14 de enero, lo que los diputados tomaron bien en cuenta fue subir el precio de las licencias, que para noviembre del 2016 alcanzaban los $300,000 dólares.

La gran estafa internacional

A partir de entonces, se creó lo que se podría calificar como una estafa millonaria a nivel internacional por la venta y distribución ilegal de licencias de cannabis.

Mientras que los diputados debatían sobre el precio propuesto en primeros debates, una empresa ficticia con nombre GreenLeaf Holdings Technologies estafó a una serie de personas haciéndose pasar por la entidad autorizada por el gobierno para la selección internacional de empresarios y su respectiva asesoría.

Detrás de esto, Thomas Reeves y Gerald Murray.

 

La ley estaba en pañales, sin embargo, los representantes llegaron a afirmar que las licencias costarían hasta $1 millón de dólares por cada a inversionistas en Estados Unidos, Europa e Israel. Hicieron prometer que la ley pasaría en diciembre del 2016 y de esta manera, cobraron honorarios de consultorías y permisos.

“Cuando la ley pase el precio subirá a $1 millón de dólares. Tengo 20 compañías interesadas.”, escribió Reeves a una de las víctimas de la estafa.

La ley no pasó, pero sí las estafas.

Para esto recurrieron a la falsificación de firmas como la de la viceministra de salud, María Esther Anchía y la creación de documentos ficticios, que hicieron pasar por oficiales. Asimismo, hacían depositar el dinero en un supuesto fideicomiso del TrustCo & Trustmente Investment que está siendo investigado.

De momento MCN no ha podido confirmar, pero una de las víctimas dio a conocer que los responsables de TrustCo afirman que GreenLeaf pudo haber realizado estafas hasta por varios millones de dólares.

Las pruebas que existen hasta la fecha, vinculan a la ficticia Greenleaf Holding con diputados y otros conocidos políticos como el ahora presidente de la Asamblea Legislativa José Alfaro.

Cronología de la estafa

GreenLeaf Holdings Technologies funcionaba de primera mano mediante a correos electrónicos escritos en inglés y firmados por un supuesto representante de nombre Joseph Sánchez. Estos hacían un resumen de la ley de cannabis y sus beneficios, además se hacían pasar por los representantes autorizados del gobierno del presidente Guillermo Solís para realizar esta actividad

El discurso de Sánchez es el mismo que el de Murray, que para entonces no hacía más que merodear los pasillos y realizar viajes con los diputados de la Asamblea Legislativa.

Quizá esta sea la razón por la que en los correos Sánchez, dice no estar solo. Sino más bien, amparado por una de las figuras más poderosas del país.

Nada más y nada menos que el ahora presidente del Congreso, José Alfaro del Movimiento Libertario, quien para la fecha del primer correo electrónico (abril 2016) era vicepresidente.

“Mi meta inicial es despertar su interés y organizar reuniones con algunos actores clave en Costa Rica, junto con los redactores de la ley. Nuestro aliado clave es un senador de Costa Rica quien acaba de convertirse en el Vicepresidente de la Asamblea Legislativa, la segunda persona más poderosa del país.”, menciona explícitamente el correo.


El diputado Alfaro parece que estuvo anuente de estas actividades ya que el contenido del primer correo electrónico recibido por MCN, coincide con las actividades de abril del 2016 en las que estaba involucrado el diputado.

Entre ellas: una gira al Tecnológico de San Carlos (TEC) para apoyar la iniciativa de unos estudiantes que tenían intenciones de producir biodiesel a base de cáñamo. Junto a él también participaron Gerald Rojas Murray y la diputada del Frente Amplio, Ligia Fallas. De la actividad hay fotos y vídeos.

De izq a dr. : Gerald Murray, José Alfaro (ML) y Ligia Fallas (FA)

La relación de Murray y Alfaro parece para entonces, bastante sólida. Ambos ya habían realizado un “viaje de capacitación” junto a otros diputados a Colorado. Dicho viaje presuntamente financiado por el norteamericano Timothy Morales y organizado por Murray.

El grupo dijo que los fondos se recaudaron por medio de la venta de calcomanías y abrelatas.

En el viaje también participó Juan Jiménez Succar (PLN), Gonzalo Ramírez de Renovación Costarricense, Johnny Leiva del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y Paulina Ramírez (PLN).

Las pruebas indican que el interés personal de un pequeño grupo de personas alejó las aspiraciones iniciales que tenía la ley de cannabis (19256) de ayudar a las personas enfermas de este país. Cientos de ellas se han quedado a la deriva mientras unos han hecho millones redactando documentos falsos e ilegales.

Y aunque la participación del diputado del Frente Amplio, Edgardo Araya eliminó los exorbitantes precios que presuntamente Murray, Alfaro y Succar propusieron, las estafas ya estaban hechas.

¿Son todos ellos cómplices de la gran estafa internacional de GreenLeaf Holdings Technologies?


Documentos

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