En una entrevista al embajador saliente de Estados Unidos Stafford Fitzgerald Haney, un periodista le preguntó si veía una contradicción en la regulación del cannabis y el papel que tiene su gobierno en la lucha contra el narcotráfico en Latinoamérica.
La respuesta de Fitzgerald era la esperada (La Nación 28/4/2017): “Nosotros tenemos un nivel federal y un nivel estatal. A nivel federal la marihuana sigue siendo totalmente ilegal”.
Para contextualizar, el gobierno estadounidense “dona” millones de dólares cada año para armamento, inteligencia y sistemas de tecnología en todo el continente. Pero paradójicamente no ha incidido en que los países regulen también la producción de sustancias como el cannabis, tal y como ellos lo han hecho desde el 2012.
Dicho de otra manera, la regulación en sus fronteras deja millones de dólares al gobierno, a sus ciudadanos, se arreglan carreteras y se dan becas de estudio. En Latinoamérica, por el contrario, seguimos poniendo muertos debido a que la prohibición federal es la zancadilla que imposibilita tanto que las vías jurídicas e institucionales logren dar con una política efectiva que reduzca la inseguridad en la franja Centroamericana, la región con más homicidios en el planeta, según Naciones Unidas.
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Los mercados legales en Estados Unidos también han aumentado el tráfico de productos elaborados a base de cannabis o cáñamo a nuestros países. Sin embargo, aquellos que producen, cultivan y elaboran productos para comercialización en estos, tienen altas posibilidades de ir a la cárcel.
Su política ha repercutido a tal punto que ahora los mercados legales están siendo boicoteados. En Uruguay, los bancos anunciaron que cerrarán las cuentas de las farmacias que desde hace un mes se dedican a la venta de cannabis regulado por el Estado. Algo que no se había dado en ningún lugar del mundo.
En una reunión del Banco Central Oriental de Uruguay (BROU) se decidió este miércoles cerrar todas las cuentas de las farmacias, según confirmó su director Jorge Polgar. Así el banco estatal, se unía a Scotiabank y Santander, bancos privados que también cerrarían cuentas de sus clientes.
La directriz viene de arriba, pues los bancos que funcionan de acuerdo a la normativa federal estadounidense no pueden recibir dinero líquido por la venta de una sustancia controlada en la Lista I.
¿Bancos cómplices? Si ponemos en perspectiva algunas propuestas en Latinoamérica contra el lavado de activos y narcotráfico, vemos que se proponen escasas reformas a los sistemas financieros y los créditos de los bancos que terminan siendo utilizados por las organizaciones delictivas para blanquear activos como es el caso de los créditos gota a gota y los préstamos en efectivo.
Los organismos internacionales han separado ambos temas, dando una falsa posición de que hay unos buenos (ellos) y otros malos. El sistema bancario también tiene alta cuota en el recibimiento de dineros y la migración de capitales off shore a paraísos fiscales.
Eso también deberían llamarlo terrorismo y colaboración con el delito. La alarma ha resonado luego de la situación uruguaya. Cerrando las cuentas bancarias de las farmacias que venden cannabis de manera legal, se deduce que el sistema financiero bajo el amparo del gobierno federal estadounidense avalan el mercado ilegal de drogas.
Nos ha llegado al conocimiento que legisladores en Colorado y California quieren poner en marcha políticas para protegerse del abandono federal, ahora en que esa industria se ha disparado. Se proponen reformas especiales para que el negocio de cannabis se vuelva mundial.
Pero, ¿será esta solo una reforma para su mercado o para todo el mundo? Hasta el momento está más cercano lo primero que lo segundo.
en Costa Rica. 
