Opinión | ¿Queremos matonismo policial o policías educados?

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Por Isaac Vargas Rojas

Ha sido de conocimiento de los lectores de este medio los hechos ocurridos la noche del pasado miércoles 12 de julio y la madrugada del siguiente jueves en la cual fui una víctima más del abuso de autoridad y del matonismo de los individuos a los que el Estado costarricense delega el uso de la fuerza y el ejercicio de la seguridad ciudadana y humana.

Por el simple hecho de decir que mi conducta no es un hecho delictivo (artículo 79 de ley N°8204) y pedir una copia del parte policial de decomiso que debía de hacer el oficial al quitarme un objeto de mi propiedad privada inviolable, en este caso: una manzana, protegida por el artículo 45 de la Constitución Política.

Creo que hay que poner énfasis en el tema de que la seguridad es para todos los ciudadanos y seres humanos que habitan o transitan en el país, por lo tanto, es un ilógico jurídico y social que las personas encargadas de protegernos, sean quienes violen y vulneren nuestros derechos humanos mediante detenciones y privación de voluntad de manera ilegítima, como me ocurrió a mí y a otros 6 o 7 ciudadanos costarricenses en esas horas.

Si la ley es igual para todos, como establece el artículo 33 de nuestra Constitución, si los funcionarios públicos están sujetos al principio de legalidad conforme estipula el artículo 11 de la Carta Magna, no pueden hacer actuaciones que no les autorice la legislación y menos aún realizar conductas que les prohíbe y penaliza la normativa, como la privación de libertad agravada (art 192 del C. Penal), el ocultamiento de detenidos por las autoridades (art 190 del C. Penal), el abuso de autoridad (art 338 del C. Penal) e Incumplimiento de deberes (art 339 del C. Penal).

Entonces la denuncia N°000-17-020046, el artículo de Medical Cannabis News y otras evidencias del abuso de autoridad salgan a la luz pública deben de ser leídos, vistos y analizados por los funcionarios públicos como el Director de la Fuerza Pública, Juan Jose Andrade Morales, el Fiscal General de la República, Jorge Chavarría Guzmán, el Ministro de Seguridad, Gustavo Mata Vega, el presidente de la República de Costa Rica, Luis Guillermo Solís Rivera.

Son ellos quienes tienen el poder y la obligación de cambiar la situación jurídica y social que vivimos los consumidores y otros sectores vulnerabilizados por el sistema represivo y por funcionarios incompetentes que no conocen la normativa.

Tengo la expectativa de que el Ministerio Público realice una ardua investigación y acusación en el expediente N°17-019069-0042-PE y en otros casos en los que exista abuso de autoridad Debido a que, aunque considero que el sistema penal debe de buscar el minimalismo y ser la última ratio. En los casos en los que existe abuso de autoridad no debe de haber tolerancia a los funcionarios públicos que irrespetan y violan los derechos humanos fundamentales de los ciudadanos y seres humanos que se encuentran en el territorio costarricense.

Esto no soluciona nada, y los activistas y ciudadanos costarricenses tenemos el derecho y el deber de exigir a los funcionarios públicos que están en los puestos jerárquicos de poder que eduquen a las personas que van a detentar el ius puniendi o poder de coerción del estado, para que estos busquen realmente la seguridad humana y no realicen simplemente matonismo y desperdicio de fondos públicos.

Como en el caso cuestión, en el que, si los policías hubieran estudiado el Código Procesal Penal que estipula el procedimiento para las requisas y decomiso, la ley N°8204 concretamente el artículo 79 que estipula claramente que no está penalizado el consumo en vía pública y el Instructivo General 02-2010 del Ministerio Público que ordena que no se deben de perseguir la conducta del consumo o tenencia que no tenga fines de tráfico, por no constituir un delito.

En este caso la historia hubiese sido diferente y el despliegue policial ejercido en mi contra, por la tenencia de menos de un gramo de cannabis, no se hubiera sentido como un robo y una triste manera de desperdiciar el erario público de un país que se dice ser democrático, igualitario y libre.

*El autor es, activista en Derechos Humanos, estudiante de la licenciatura en derecho con
énfasis en derechos humanos de la Universidad de Costa Rica y trabaja como asistente
legal en el proyecto denominado “Asesoría Legal P.V.”
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