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“Destrozaron mi casa, me trataron como una narcotraficante y agarraron mi vivienda, propiedad privada, como su oficina. No me dejaban moverme como si hubiera cometido un delito grave”, así retrata entre lágrimas y seriamente afectada doña María de los Ángeles la situación traumática que vivió el 8 de setiembre por un allanamiento policial por al menos 6 plantas de cannabis que ella y su hijo sembraban para tratar sus múltiples dolencias.
Sus padecimientos son varios, pero sobre todo la fibromialgia que la afecta cada día de su vida. Toda una vida dedicada a la costura le ha pasado graves facturas que se traducen en los dolores de espalda, dolores reumáticos y una operación en el túnel carpal.
Desde hace dos años, viendo cómo el Ministerio de Salud ha empezado a hablar sobre el tema, se interesó por aprender.
De esta manera, aprovechando su derecho a la salud, probó los aceites y pomadas de cannabis los cuales le brindaron mejores resultados y menos efectos secundarios que las pastillas de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).
Así queda en manifiesto en la causa penal 20-001377-0068-PE contra Marconi Rojas Arroyo, hijo de María de Ángeles, quien vive con su mamá y cuidaba el jardín donde tenía además plantas vegetales comestibles como zanahoria, chiles, tomate, culantro y repollo.
Ambos afectados denuncian que, la policía y el Organismo de Investigación Policial (OIJ) actuó con una desproporcionalidad radical en perjuicio de la salud de la señora y su hijo.
“Esto para mí es traumático. Nunca había pasado por algo así. Llegaron al menos 15 policías contra dos personas” dice la madre del afectado entre lágrimas.
La causa: acusan a su hijo de narcotraficante y de poseer un laboratorio supuestamente hidropónico. Sin embargo, en la causa penal no se habla de altas cantidades de dinero en efectivo, compras contralados ni se encontraron pruebas que puedan ser indicio de delito por el cual se les acusa.
“Me trataron como un criminal. Me llevaron a las celdas del OIJ, donde una de las personas intentó abusar sexualmente de mi persona. Al día siguiente me dejaron libre, pero todo en mi casa está destrozado. Mi mueble, mi cama, mis cosas.” cuenta Marconi.
La acción repetitiva de los agentes judiciales y los fiscales muestra un nuevo modus operandi contra las personas que siembran cannabis para autoabastecerse con fines alimenticios, medicinales o espirituales, sin importar su condición de salud.
“Desde que uso el aceite de cannabis, mi vida ha mejorado en todo sentido. Me siento bien y tengo ganas de vivir. Están tratando a mi hijo de narcotraficante, pero él vive una vida completamente contraria al lujo y el dinero. Me duele que le hayan destrozado las cosas que tanto le costó tener”, dice su madre severamente afectada con la situación.
Pruebas insuficientes
A pesar de que la causa penal contra Marconi sigue abierta, las pruebas que incautaron son insuficientes para demostrar una configuración del delito.
Según las fuentes consultadas, algunos de los administrativos judiciales que inicialmente vieron el caso, se desligaron del mismo en las siguientes semanas a causa de que se vislumbran incongruencias de procedimiento.
En el lugar no se encontraron ni dinero en efectivo, ni las plantas suficientes que puedan validar por su cantidad de materia vegetal aprovechable para encausar la acción penal por narcotráfico.
“Yo les diría a los oficiales que no hay razón para destruir mi casa ni para perseguir a una persona que en realidad lo que estaba haciendo era ayudar a su madre a tener una mejor calidad de vida”, finalizó.
Después de esta acción policial que se llevó a cabo el día 3 de setiembre, la salud de la señora de 54 años se ha deteriorado. Según cuenta, las pastillas no logran aliviarla con efectividad y, además de “el daño que genera en el estómago es notable”
en Costa Rica. 
