Costa Rica: el dilema de legalizar el cannabis o encarcelar a los activistas

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Por Isaac Vargas, licenciado en derecho. Universidad de Costa Rica

La sentencia N°000481-2018 de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia y las sentencias de instancias inferiores en las que se conocía el caso del Licenciado Mario Alberto Cerdas Salazar, crearon JURISPRUDENCIA como fuente del Derecho.

No únicamente por su afirmación de que “el cultivo de cannabis con fines de consumo personal no es un delito” sino porque en todas estas se realizó una recopilación jurisprudencial de precedentes de la misma Sala y de Tribunales de Apelación de Sentencia.

En ellas, se establecía que cualquier conducta penalizada en el artículo 58 de la ley N°8204, es necesaria para que se configure el delito, sobre todo aquellas personas que realizan la conducta considerada como el tráfico.

A partir de agosto del presente año, ante la cizaña de algunos funcionarios públicos que se empeñan en gastar millones de recursos públicos en la persecución de un ciudadano honesto y productivo para la sociedad, utilizando mentiras en los medios de comunicación, que, cuando se constatan con el expediente se derrumban tales afirmaciones. Según pude comprobar en la lectura del mismo.

¡Tenemos un nuevo debate jurisprudencial!

Ahora el tema, al cual bajo la senda de lucha y sacrificio personal del licenciado Mario Cerdas, se discute en Costa Rica, es la pregunta de que:


1. Si los fines de tráfico se consuman cuando hay lucro de la persona; o 2: si se da el mismo únicamente a través de una transacción hacia otra persona, sin importar que el fin de la persona que realiza nunca haya sido obtener un lucro para sí mismo, ni mucho menos dañar la salud pública.

El debate de que una persona le pueda o no regalar medicina a otra parece algo un poco absurdo para una sociedad del siglo XXI, más aún cuando estamos en un país que está cometiendo múltiples violaciones a derechos humanos como la salud, dignidad, agricultura y protección de derechos ambientales, sociales y económicos de los consumidores.

Así como la gran deuda país con pacientes que requieren del cannabis para tratar cáncer, sida, fibromialgia, síndrome Tourette, depresión, ansiedad y demás enfermedades y trastornos que pueden ser tratados con esta planta o con sus derivados.

Para mí es una gran incertidumbre lo que vayan a dictar los tribunales en este nuevo caso, puesto que, si de algo estoy seguro en el derecho, es que la ley dice lo que los actores con la autoridad para interpretarla quieren que diga. Y en ese caso son confusos los intereses que rondan el ambiente judicial y legislativo.

Creo que es absurdo, que, como sociedad invirtamos casi 40 oficiales en un allanamiento para un hombre de 61 años que únicamente cultiva plantas, por esto, estoy consciente de la necesidad de una reforma legislativa que derogué las penas desproporcionales (entre 8 y 20 años) que en la actualidad sancionan a las personas que realizan tráfico de drogas en general.

Pero que se presta para condenar injustamente a personas inocentes que no tienen la mínima intensión de lesionar la salud pública, sino contrario a esto, quieren propiciarle a la sociedad y a sus habitantes alivios naturales para las enfermedades que los atacan, pero, lastimosamente, veo que para las autoridades es más importante proteger los intereses de las grandes casas farmacéuticas, que tener una legislación razonable.

El panorama no es nada esperanzador en la “Asamblea Legislativa más eficiente” la cual trabaja como una maquila de leyes sin tomar en cuenta en muchos casos criterios de racionalidad, conocimiento básico de la población hacía la cual van dirigidas esas leyes y sin ninguna participación activa y constante de la sociedad civil en general.

Queda un gran reto de analizar y discutir los proyectos de ley presentado por los diputados Zoila Volio y Erick Rodríguez Steller, que pretenden regular algunos aspectos relacionados con cannabis.

No obstante, tenemos un reto aún mayor como ciudadanía: la formulación de nuestra propia propuesta de reforma en materia de drogas y de cannabis, en la cual se revise integralmente la legislación vigente, de acuerdo a las necesidades de la sociedad costarricense y de los pacientes que requieren del cannabis como medicamento.

Tomando en cuenta siempre los derechos fundamentales a la libertad, libre desarrollo de la personalidad, libertad de agricultura y derechos de las y los consumidores a la protección económica, social y ambiental de sus intereses.

Imagen crédito: AmeliaRueda.

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