- Ministerio Público de Quepos busca anular tres resoluciones emitidas por los tribunales en las que se prohíbe la destrucción de las plantas por tratarse de un cultivo sin fines comerciales
Mata Palo. La Fiscalía Penal de Quepos y Parrita ha puesto en marcha una persecución contra una madre que siembra cannabis para su hija que padece de lupus.
Así consta en el expediente 19-000127-0072-pe del día 25 de enero del 2019 donde el Ministerio Público (MP) emitió una orden de registro del domicilio de Zoltan Von Bozzay y Gwendy Obando, madre de la paciente, por la siembra de aproximadamente 90 plantas de cannabis.
Cuando los Oficiales del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la Fiscalía y la Fuerza Pública llegaron al lugar, Obando alegó que el cultivo se realizaba con fines medicinales y de autocultivo.
Desde hace menos de un año, la familia cultiva dentro de su propiedad motivados por mejorar la condición de salud de su hija de Tara López de 26 años, quien desde el 2015 fue diagnosticada con lupus, una enfermedad crónica que se caracteriza por presentar cuadros de depresión, fatiga extrema, dolor en las articulaciones e inflamación de diferentes órganos vitales como el cerebro, piel, pulmones y el corazón.
Por esta razón, la abogada y madre de la paciente, Gwendy Obando, solicitó ese día, una audiencia ante el Juez de Garantías de Quepos en donde alegó que las propiedades antiinflamatorias de esta planta (comprobadas por la Organización Mundial de la Salud en enero 2019) le brindan una mejor calidad de vida.
Según indica el informe del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), cuando se autorizó el registro de la propiedad, no se encontró ningún indicio de tráfico.
Por esta razón, los jueces dictaminaron que las plantas no podían ser destruidas amparados en la resolución 00481-2018 de la Sala III del 29 de junio del 2018 donde se determina que el cultivo con fines personales no es delito.
“Corresponde a un cultivo de cáñamo o marihuana, que pese a haber ubicado un total de 127 plantas de diferentes tamaños, no fue posible localizar elementos que nos hagan presumir que en dicha propiedad se comercialice o distribuya algún tipo de droga no autorizada”, indica el informe del OIJ, (adjunto al final).
“Toqué las puertas de muchas personas para obtener cannabis medicinal, pero es muy difícil que te donen todos los meses. Me di cuenta de que si yo quería tener aceite de cannabis para mi tratamiento la única opción, era autocultivar; y ahora que estoy autocultivando, me quieren quitar las plantas. Me siento arrinconada por todas partes”, aseguró Tara quien además tuvo que ser internada durante la semana de los acontecimientos.
¿Está la Fiscalía violando el derecho a la salud?
Las reiteradas acciones de la fiscalía podrían ser catalogadas de persecución. Este 1 de marzo, Alexander Pérez Villafuerte, representante de fiscalía, presentó una nueva apelación contra las resoluciones de los tres juzgados de sentencia: Tribunal Penal, Tribunal de Garantías y Tribunal de Juicio.
Esta apelación busca eliminar las resoluciones del tribunal con el argumento de “Defecto Absoluto”, pues según la Fiscalía, evitar la destrucción, al respetar la jurisprudencia, les impide buscar indicios de tráfico.
“El tribunal cae en una grave contradicción al indicar que se mantiene incólume la resolución emitida por la jueza penal, sin embargo, limitó la diligencia a localizar otros indicios para establecer que el cultivo estaba destinado al comercio”, dice el expediente.
Gwendy Obando, madre de la paciente, califica la situación como un atropello a la salud de su hija.
“El Tribunal de Puntarenas rechazó la destrucción por tratarse de un bien tutelado en la constitución pública, el de la salud. No queremos pelear, queremos que no nos quiten las plantas y se respete la jurisprudencia”. sentenció.
Esta es la primera vez que en Costa Rica un juzgado dictamina en favor de un cultivo medicinal. Sin embargo, si la fiscalía gana la lucha de poderes, es muy posible que se destruya el material y así, las posibilidades de mejoría de la paciente, un abuso en detrimento de los derechos humanos.
En el mundo, más de 53 países han legalizado el uso medicinal o recreacional, entre ellos países vecinos como Colombia, Uruguay, México, Estados Unidos y Canadá.
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2. Informe del OIJ:
en Costa Rica. 
