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Fiscalía estuvo anuente de las actividades del narco libanés por más de un año.

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La balacera que se produjo este lunes en frente al Colegio Mount View en Escazú pudo haberse evitado. También que un niño inocente casi falleciera por un ajusticiamiento por el presunto robo de un cargamento de cocaína, se habría evitado si las autoridades hubieran actuado.

La mayor banda de legitimación de capitales del oeste que representó, antes de ser acribillado, Elías Akl, funciona con todas las excentricidades de capos narcotraficantes. De esto estuvo anuente la fiscalía desde hace un año.

Además, las actividades delictivas de la agrupación más recientes, brindaron un show mediático por el episodio de intoxicación de varios jóvenes con la sustancia sintética “Spice K2” con uno de los socios de los libanes.

Fuentes reconocen que el dueño del bar en San Pedro donde se dieron los hechos, era socio comercial de los socios del fallecido Elías, uno de los distribuidores más grandes de sustancias sintéticas en el Gran Área Metropolitana (GAM).

El consumo de sintéticos también estuvo presente en el Bar Rapsodia que fue quemado en agosto del 2016. De la misma manera fue quemado este año, un bar en Escazú como seña de extorción para quienes les debían dinero a los libaneses.  En ambos casos, la policía estuvo presente.

 “Yo nunca tuve problemas con ellos porque yo pagaba a tiempo. Pero conocí a alguien que fue torturado en el gimnasio donde operaba la casa de préstamos”, dijo a MCN una fuente con identidad protegida, quien tuvo negocios anteriormente con el grupo.

Las autoridades encontraron en el gimnasio aproximadamente 1200 cédulas de clientes a los cuales se les prestaba en efectivo proveniente de las transacciones de sustancias sintéticas.

Una vez realizados los préstamos  por cada 100 mil colones, se cobraban diarios  2 mil colones, los cuales eran depositados al final de la semana a una cuenta bancaria para así, legitimar el capital proveniente de los estupefacientes y generarles altos intereses.

Para burlar los controles de la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF), el dinero se prestaba a pequeños abastecedores, choferes de uber, taxistas que depositaban cada semana las cantidades adeudadas.

De los préstamos, el matonismo y la venta de sustancias, estuvo anuente la Policía Municipal de Escazú y el mismo alcalde, Arnoldo Barahona, quien además confesó ya haberles confiscado armas y dinero en ocasiones anteriores.

También lo supo la fiscalía cuando varios sectores de la población hicieron la alerta, y se llevaron documentación privada sobre el curso de la investigación y todas sus pruebas. Aunado a esto la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) ya les había hecho llegar dos informes, según publica hoy el DiarioExtra.

Tal parece que todos los sabían hace bastante tiempo. Pero fue hasta un día después de que cayera la cabeza de la organización, para que las autoridades comenzaran todos los allanamientos, a sabiendas de que todos los elementos probatorios serían retirados esa misma noche.

Gato encerrado.

Aunque lo sabían el alcalde Barahona, la Fuerza Pública y la DIS, el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Walter Espinoza, afirmó en un programa de radio un día siguiente que mucho detalle “aún está siendo investigado”.

Sin ahondar en la poca credibilidad que generan las declaraciones del señor Espinoza, nos preguntamos qué sucede con el dinero que aún queda adeudado. El ex cliente de la banda consultado para este reportaje, mencionó que la banda espera recibir el dinero de los deudores para el final de esta semana.

Poca gente se ha pregutnado sobre el tercer guardaespaldas ‘Victor’. Fuentes confidenciales asegura que este era otro de los objetivos de los sicarios. Tres de los objetivos ya han sido eliminados: Elías Alk, el ucraniano Dmytro Spiridonov asesinado en la sabana en octubre y el costarricense Ángel Amado. Los próximos: “Víctor” y Ziad Akl, quien irá seis meses a prisión preventiva.

Lo anterior ofrece un panorama macro de la problemática. Si el libanes Elías Akl tomó el control sobre la fiscalía, la fuerza pública y el OIJ, ¿quiénes son los que están encima? Y ¿cuál es la profundidad con la que ya operan en nuestro sistema?

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ESCRITO POR: REDACCIÓN

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