La legalización está en el pueblo, no en la clase política

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Lo que va de la campaña presidencial nos ha demostrado lo frágil que los discursos políticos pueden resultar de acuerdo a las circunstancias que surjan en el debate público. Quienes dirigen las campañas de comunicación de los candidatos han sabido medir bien los momentos en que el discurso debe ser modificado para evitar la pérdida de sectores votantes.

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El caso más claro se ve reflejado en el vuelco mediático que había tenido la resolución de la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos (CIDH) sobre el  matrimonio igualitario. Vimos entonces cómo, figuras como Fabricio Alvarado y Antonio Desanti se aprovecharon de esos segmentos y condenaron categóricamente la resolución del organismo latinoamericano.

 

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A pesar de ello, las encuestas publicadas al día de hoy, mostraban un ligero aumento en la decisión de voto del candidato Alvarado 10% y del liberacionista a un 12%. Las mesas de debate han tocado además, el tema de seguridad. Lastimosamente, volvemos a escuchar discursos draconianos calificados por expertos como el mayor fracaso en seguridad durante los últimos 15 años.

Quienes pensabamos que algunos analistas políticos en seguridad como el señor Alvaro Ramos Rechnitz sorprendería con propuestas más acordes a las políticas de drogas actuales para combatir el narcotráfico, pero nos quedamos con las ganas, pues desde que ha dado adhesión a Juan Diego Castro, se posicionaría una dupla prohibicionista en contra de los postulados de la justicia restaurativa.

Así quedó demostrado esta semana en 7 días radio. Vemos además un ajuste discursivo girando en torno a las peticiones comúnes de la ciudadanía en el tema: “mano dura“, pero la “mano dura” no ha sido del todo exitosa.

La lección que tiene que llamarnos a la acción va sobre el poder que tiene la opinión pública sobre la clase política. Si bien, el pueblo necesita de estos para la toma de decisiones, ellos responden al interés del pueblo. El político hará lo posible por ser elegido por los ciudadanos.

MCN realizó una cobertura sobre la opinión de los candidatos sobre la legalización del cannabis para fines personales o terapéuticos. No solo vimos un interés de parte de los  lectores a las propuestas políticas.

También vemos que durante el periodo donde se analizó una ley propuesta por el Partido Acción Ciudadana (PAC) en este sentido, la mayoría de diputados -ahora candidatos- se había manifestado tanto en favor de la investigación terapéutica o del uso personal.

No obstante, a causa de que el tema empieza a posicionarse en poblaciones jóvenes y segmentos progresistas de la sociedad, los políticos lo han dejado fuera del populacho. De todos los que aspiran a la presidencia de Costa Rica, solamente el Frente Amplio incluyó una propuesta para regular la parte medicinal con la posibilidad de análisis del mercado recreativo.

Asimismo, las aspirantes a diputadas por el Partido Vamos proponen establecer un mercado completo regulado y John Vega, aspirante por el Partido de los Trabajadores, ha hablado sin tapujos en los debates.

Más allá de la pose o la ignorancia política sobre el tema, el accionar político de quienes crean que la causa de legalización de las drogas debe posicionarse con más fuerza.

La experiencia internacional nos reafirma que el único momento en que la casta política pueda interpretar esta  causa como legítima para reducir los homicidios y la inseguridad generada por el mercado de las drogas es el propio desarrollo de la industria local. La multimillonaria economía de cannabis en California no se empezó a construir a partir de la Prop 64 -propuesta de aprobación del mercado adulto 2017-, sino data desde antes de 1996 cuando se autorizó el uso medicinal.

Los que hemos estado cerca del debate y la concepción tan distante que tiene el político parlamentario con la tranza callejera, nos llama a reflexionar sobre el papel que debe jugar el activismo. Un nuevo paradigma filosófico debe ser construido desde las comunidades.

Ya hemos visto lo que la clase política con sus pseudos actores habían hecho con la ley 19256 que pretendía evitar el monopolio terminó siendo un proyecto redactado casi que por las empresas que propusieron el aumento de las licencias a $2,500,000 millones de dólares, viajes pagados y muchas cortinas de humo. Cifras ridículas alejadas del monto por licencias de exportación en Canadá, Países Bajos, Israel o el Uruguay.

En la medida en que el conocimiento en siembra, cosecha, planta, extracción, jurisprudencia aumente y  la propagación del mensaje de que en Costa Rica el uso de drogas y el cultivo de cannabis con fines personales está despenalizado, las personas podrán beneficiarse de la ebulliciente economía agrícola que conlleva la liberación de la planta del cannabis.

A su vez, el 2018 marcará con pasos agigantados el fin de la prohibición norteaméricana lo cual repercutirá directamente sobre los países latinoamericanos. Quien entienda lo anterior podrá obtener beneficios laborales en el corto plazo, a pesar de las declaraciones de quienes aspiran a la presidencia.

 

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