La ley de Extinción de Dominio (18.694) que se discute en la Asamblea Legislativa se ha promovido como la solución ante los embates del narcotráfico que sacuden las calles de Costa Rica.
El proyecto impulsado por Álvarez Desanti y apoyado por la Administración Solís Rivera empieza a desgajarse producto de presuntos atententados contra principios constitucionales. Entre ellos: el derecho al principio de inocencia, el de la propiedad privada y al decomiso de bienes sin sentencia previa.
Gustavo Mata, Ministro de Seguridad, Walter Espinoza, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y Carlos Chinchilla, jerarca de la Corte Suprema de Justicia defienden la ley, pues para ellos es la manera en que se reduciría el poder económico de las mafías.
Para otros, no más que una manera en que las autoridades buscan evitar dar cuentas por la inacción policial de lo acontecido hace unas semanas con la muerte de un mafioso en Escazú.
Ante la exposición del tema en la opinión pública, MCN consultó al especialista en delitos económicos, Jorge Benavides, sobre si la ley de extinción de dominio cumpliría el objetivo apuntado por las autoridades.
Benavides mantiene que la ley de extinción de dominio no será la solución al problema. Ya que los créditos gota a gota son la forma más fácil de lavar dinero en Costa Rica.
Además, manifiesta que la organización criminal mantuvo su negocio por más de cuatro años y las autoridades siguen diciendo que el caso se encuentra “en investigación”.
¿Está de acuerdo con los opositores que han surgido a la ley?
Estoy de acuerdo con el diputado Otto Guevara, el abogado Volio y Mauricio Brenes. Estoy de acuerdo porque se viola el principio de inocencia y recae la prueba en la persona que está siendo demandada y no en el Ministerio Público.
En un caso hipotético, ¿cómo se vería una persona afectada por la ley, así como está?
Ahorita como está la ley está hecha para perjudicar a todos, no solo al narcotráfico. Hay negocios que se manejan en efectivo y que son del día a día. Entre ellos transportistas, dueños de taxis, Uber, pulperos, vendedores que distribuyen cierto tipo de productos y todos los días reciben dinero.
Pongamos el ejemplo del pulpero. Tenemos una pulpería en el barrio, el señor no maneja pagos con tarjeta de crédito, sino que todo lo hacen en efectivo. El señor tiene la costumbre de no guardar plata en el banco… Ninguna ley de Costa Rica exige tener que guardar la plata en el banco, su dinero bien ganado usted lo maneja donde usted quiera.
Entonces, ¿qué pasa? El señor guarda el dinero en su casa. Paga a sus proveedores, tiene su negocio al día. Si existe una persona mal intencionada que tal vez le tenga envidia al señor, llama al Ministerio Público, pone una denuncia anónima y dice “ahí venden droga, eso es un búnker”.
Con la ley de extinción de dominio, así como está, el ministerio toma la denuncia y posiblemente por ser un delito de droga lo vayan a allanar. Al allanar su casa no encuentra droga, pero encuentran planta, inmediatamente confiscan la plata y el pulpero tendrá que llegar a un juzgado y un juicio y tendrá que demostrar de dónde viene su dinero llevando él, la carga de la prueba.
Cuando hoy en día, el Ministerio Público tiene por ley que probar que la plata de ese pulpero es por venta de droga. Es ahí donde viene la injusticia.
¿Cuál sería entonces una manera de revertir este efecto en la ley?
Primero, como dice don Otto y “todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario”. Tiene que prevalecer ese derecho constitucional que todos tenemos; y segundo, esa ley debería tener una normativa de cómo se regirá para la población.
Tomando en cuenta la realidad nacional con respecto al narcotráfico, ¿Ve usted efectividad implementar la ley o es más bien llenar un espacio que hoy día las autoridades no están cubriendo?
No, la ley de extinción de dominio la están vendiendo como la pomada canaria. Como la solución a un problema que viene de años y que les salió de control. Desde el punto de vista económico, vimos con lo que pasó recientemente en Escazú (Crédito gota a gota negocio del libanés asesinado Elías Akl), que los bancos están expuestos a la legitimación de capitales sin ellos tener control.
La principal fuente de ingresos del señor que murió eran los créditos gota a gota. Muy de moda en Ecuador y Colombia, que ya están acá. Ya tenemos bastantes muertes, denuncias por extorsión y amenazas, que se les salió de control al Ministerio Público. Entonces, ¿cómo vas a poner una ley si no has podido tener control de la ley que está antes?
La Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) debería pronunciarse y tener un control más estricto de los capitales que entran al país.
¿La ley agravaría entonces la situación actual?
A mi criterio sí, no tendría el resultado que ellos esperan.
en Costa Rica. 
