Cuando Laura tenía 28 años una enfermedad extraña la hizo entrar en una crisis que posteriormente le indujo un coma que se prolongó durante una semana. Al despertarse se dio cuenta que esto le sucedió mientas se encontraba trabajando.
“Mis manos y piernas quedaron paralizadas”, dijo a MCN hace unas semanas en una entrevista exclusiva. En ese momento ella se encontraba en los Estados Unidos donde trabajaba en ese para esa fecha. Los doctores del Hospital de Jersey le hicieron los exámenes habituales tal y como indica el procedimiento habitual.
Laura cuenta cómo casi, literalmente, “le llenaron la mesa de noche de pastillas” que a la postre, no hicieron el efecto que los doctores le habían confiado, sino que más bien, le produciría efectos secundarios irreconciliables. En el momento en el que se dio cuenta de esto, solicitó un tratamiento de cannabis legal en su estado y su salud se recuperó gradualmente.
La historia de Laura es también la de muchos otros costarricenses que representan un sector de salud con necesidad de productos de esta índole. Pese a que el consumo no está penado en el país, el lugar de abastecimiento principal lo sostiene el narcotráfico.
Son varios factores que motivan esta demanda. Uno de ellos puede estar vinculado a efectos secundarios de los fármacos antes determinadas enfermedades o bien, la baja funcionalidad de los mismos en enfermedades recurrentes como: epilepsias, Síndrome Dravet, cáncer hasta espasmos musculares, estrés, depresión, insomnios, artritis, fibromialgia y males relacionados.
Fuente consultados por MCN confirman que en el periodo 2015-2016 hubo un aumento en el flujo de preguntas para información, lugares de venta y precios por productos pese a que la legislación actual penaliza el acto comercial de cualquier índole.
Vale la pena preguntarse sobre el papel del Estado en el cumplimiento de los derechos de salud que tienen los pacientes que toman la decisión de optar por esa vía.
Consultada sobre este tema, la abogada, Isabel Antillón considera que, desde el punto de vista legal, se incumplen con algunas leyes a nivel país.
“… En el caso de los pacientes usuarios de cannabis medicinal, el Estado pone en detrimento lo establecido en la Constitución Política sobre el derecho a la protección de su salud, ambiente, seguridad e intereses económico de los consumidores y usuarios”.
Antillón hace hincapié en que lo anterior remite directamente a la problemática en que este mercado sea suplido por la cadena del narcotráfico y no dentro de uno legal que pueda cobrar impuesto y cumplir con estándares sanitarios.
“Un mercado legal dejaría la plata en bolsillos del Estado y no en la de los mafiosos.”
La Defensa Pública de Costa Rica ha hecho un análisis contundente sobre la postura de ley constitucional con respecto a la siembra y al consumo de cannabis. Aunque el debate ha sido todo menos exhaustivo, las coordenadas mostradas por el defensor público, Sebastián Mesén, son hasta cierta medida, alentadoras.
De lo escrito en ley, lo único que ha quedado claro es la rapidez con la que se procesan algunos delitos por venta y tráfico. Aunque este delito está claramente tipificado, el consumo de sustancias en Costa Rica no se considera delito.
La prohibición del cannabis en Costa Rica se fundamenta principalmente mediante a la Ley de Psicotrópicos (8204). Por infracciones a esta ley, los encarcelamientos derivados por delitos relacionados al microtráfico se triplicaron en el 2013, llegando a una suma de 1025, según el Estudio Delitos relacionados con Drogas de la Asociación para el Estudio e Intervención en Drogas (ACEID).
¿Presos por vender?
El caso del allanamiento este fin de semana de una propiedad en Alajuela prende la alerta por la diversificación de productos que ofrecían los involucrados Entre ellos: flores y aceites de extracto de cannabis.
Si bien la legislación actual no penaliza el consumo, la problemática más fuerte empezaría a desarrollarse en aquellos que cultiven para estos fines. Sin embargo, ¿qué sucede con los pacientes? Sin una normativa clara de las entidades de salud, los pacientes están determinados a ser parte del delito.
Aunque existe este tipo de allamientos, la ley parece ser arbitraria en cuanto a las figuras dentro del marco de cannabis medicinal. Hace unos meses un señor de apellido Góngora anunció la apertura de la «primera fundación de cannabis medicinal en Costa Rica«. Según sus declaraciones a la prensa, «sus aceites han logrado detener epilepsias y curar cánceres terminales».
A través de su fundación, el naturista afirma llegar a cobrar hasta $450 dólares al final del tratamiento, el cual se realiza en dos pagos. Consultado por este medio, el Ministerio de Salud confirma que el cultivo de cannabis sigue siendo prohibido.
Asimismo, pese a que las autoridades manifestaron que harían un allanamiento, este no ha tenido su lugar desde que se anunció públicamente. ¿Qué hace que se encarcelen unos y se protejan otros? Es algo que aún no se le aclara a la opinión pública costarricense.
en Costa Rica. 
