Una millonaria estafa por la venta y distribución ilegal de licencias está en desarrollo desde el 2016. Con nombres y apellidos, el proyecto de ley para la regulación del cannabis medicinal y cáñamo (19.256) se transformó oficialmente un nido de corrupción.
Mientras que los diputados debatían en 2016 sobre el precio de propusieron licencias de producción (A, B y C) con un tope de $150,000 dólares, una empresa ficticia con nombre GreenLeaf Holdings Technologies estafó a una serie de personas indicando ser la entidad autorizada por el gobierno para la selección internacional de empresarios y su respectiva asesoría.
Los representantes llegaron a solicitar hasta $1 millón de dólares por cada licencia a inversionistas extranjeros a quienes hacían prometer que la ley pasaría en diciembre del 2016. La ley no pasó, pero ellos cobraron ilegalmente sus honorarios.
Para esto recurrieron a la falsificación de firmas y la creación de documentos ficticios, que hicieron pasar por oficiales, de los cuales MCN tiene copia. Asimismo, dieron números de cuenta para que se realizaran los depósitos para las supuestas licencias.
Las pruebas que existen hasta la fecha, vinculan a la ficticia con diputados y otros conocidos políticos que han estado detrás de viajes, subidas de precio y penalización del cultivo personal.
Estafas empiezan en abril 2016
Para abril 2016, la discusión legislativa del proyecto giraba en torno al precio de las licencias y reunir el apoyo de las fracciones. En ese entonces, tanto Marvin Atencio (Partido Acción Ciudadana PAC), propulsor del proyecto, como José Alfaro mostraban interés en el tema.
Dos fechas exactas: abril y octubre 2016.
GreenLeaf Holdings Technologies funcionaba de primera mano mediante a correos electrónicos escritos en inglés y firmados por un supuesto representante de nombre Joseph Sánchez. Estos hacían un resumen de la ley y sus beneficios, además de adjudicarse ser los representantes autorizados para esta actividad en el gobierno.
Y pese a que hay rastro a nivel local de Sánchez, este conoce tanto sobre el tema como otras caras conocidas que merodearon en las mismas fechas los pasillos de la Asamblea Legislativa.
Quizá esta sea la razón por la que Sánchez dice no estar solo. Sino más bien, amparado por una de las figuras más poderosas del país.
Nada más y nada menos que el ahora presidente del Congreso, José Alfaro del Movimiento Libertario, quien para la fecha del primer correo electrónico (abril 2016) era vicepresidente.
“Mi meta inicial es despertar su interés y organizar reuniones con algunos actores clave en Costa Rica, junto con los redactores de la ley. Nuestro aliado clave es un senador de Costa Rica quien acaba de convertirse en el Vicepresidente de la Asamblea Legislativa, la segunda persona más poderosa del país.”, menciona explícitamente el correo.
En apariencia, el diputado Alfaro estaba anuente de estas actividades. El contenido del primer correo electrónico recibido por MCN, coincide con las actividades de abril 2016 en las que estaba involucrado el diputado.
Entre ellas: una gira al Tecnológico de San Carlos (TEC) para apoyar la iniciativa de unos estudiantes quienes tenían intenciones de producir biodiesel a base de cáñamo. Junto a él también participaron Gerald Rojas Murray y la diputada del Frente Amplio, Ligia Fallas.
La relación de Murray y Alfaro parece para entonces bastante sólida. Ambos ya habían realizado un “viaje de capacitación” junto a otros diputados a Colorado. Dicho viaje financiado por un norteamericano estuvo organizado por Murray quien había dicho que los fondos se recaudaron por medio de la venta de calcomanías y abrelatas.
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En el viaje participaron otros diputados como Juan Jiménez Succar (PLN), Gonzalo Ramírez de Renovación Costarricense, Johnny Leiva del PUSC, Paulina Ramírez.
Esta combinación entre ambos, propició que para octubre del 2016 se hiciera una subida de los precios de las licencias a $300,000 dólares como lo confirmó el mismo Murray a MCN:
La participación del diputado del Frente Amplio, Edgardo Araya eliminó los exorbitantes precios que estos habían propuesto. Pero, las estafas ya estaban hechas.
¿Participó directamente el presidente del Congreso en las estafas de la ficticia GreenLeaf Holdings Technologies?
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