Nota del editor: Este artículo busca generar discusión entorno a la problemática de la falta de una normativa que protege a las personas que siembran esta planta para autoabastecimiento.
El juicio al abogado, Mario Cerdas, cultivador de cannabis que se llevará a cabo en las próximas semanas es el plan de una agenda represiva del Ministerio Público para consolidar la acción penal que fundamenta la persecución policial contra los ciudadanos que recurren al cultivo de esta planta sin importar que sea para atender enfermedades serias como el cáncer, la epilepsia, la fibromialgia, artritis, o sus usos alimenticios y espirituales.
Durante décadas, los grupos policiales realizan este tipo de acciones caracterizadas por la violencia sistemática y desproporcionada contra ciudadanos de a pie y no contra los verdaderos narcotraficantes.
Tal y como se ha visto en casos de corrupción millonarios como el “Cementazo”, La “trocha”, «Yanber» o grandes juicios contra narcotraficantes que quedan impunes.
Durante el último año, los abusos policiales a los cultivadores han aumentado contra los pacientes medicinales, incluso en tiempos donde el gobierno discute la legalización del cáñamo y cannabis de uso medicinal.
Los fiscales quieren tirar abajo la N.° 481-2018 del 29 de junio del 2018 donde la Sala Tercera absuelve a un ciudadano por un cultivo cuya finalidad no es el tráfico. Para ello volvieron a apresar a Mario Cerdas, a quien se le acusa de los mismos hechos por los cuales ya se les ha dejado en libertad en 3 ocasiones.
Hace 13 meses, la policía lo volvió a encarcelar en una amplia cobertura mediática que le costó a los costarricenses presuntamente más de 10 millones de colones. Aunque hasta el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Walter Espinoza, dijo que habían existido compras controladas, las fuentes consultadas aseguran que “en ningún momento del expediente se le acusa de tráfico o comercialización ya que no pudieron comprobarlo”.
¿Se imagina que quieran encarcelarlo por hacer uso familiar de la planta o de sus flores? Pues eso es lo que pasaría si el Ministerio Público logra condenar al abogado Mario Cerdas.
Más aún, el abuso es tan desproporcionado y evidente que hasta el mismo OIJ cae en contradicciones con su propio director, ya que en su libro “Delitos de tráfico de drogas: actividades conexas y su investigación”, plantea que el cultivo de cannabis sin fines de tráfico no es delito. ¿Entonces?
En una entrevista exclusiva a Mario Cerdas, abogado de 56 años, el abogado reveló cuáles podrían ser las verdaderas motivaciones de las autoridades.
“Yo en cierta forma me he ganado la persecución por ser una persona que ha insistido en el autocultivo para resolver los problemas de autoabastecimiento de la planta a nivel personal y familiar. Eso a ellos nunca les ha gustado de hecho en las misma motivaciones o argumentos que dan cuando se llevó el asunto a examen por parte de la sala tercera es casualmente que ellos consideran que si se permitía el antecedente mío entonces ellos iban a perder la acción penal en contra del cultivo de la planta de cannabis.”
Escuche o lea la entrevista aquí
Los hechos hablan por sí solos. Esta semana publicamos la historia de María de los Ángeles, una paciente de artritis reumatoide, a quienes la fuerza pública y el OIJ le allanaron con violencia su casa porque su hijo cultivaba cannabis para hacerle aceite.
“Tenía dos años de tener una mejor vida. Estaba feliz, no me dolía. Los policías se aprovecharon de mi desconocimiento. Rompieron muebles, tazas de mi casa. Me trataron como una narcotraficante a mí y a mi hijo. Pero al final, no encontraron nada”.
Esta situación ha venido en aumento en los últimos años. La realidad ha sido revelada. El Ministerio Público que supone hacer un bien para la salud pública, más bien en el caso en cuestión colabora en contra de esta, por las siguientes razones:
5 razones por las que los allanamientos del Ministerio Público contra el autocultivo son un ataque contra la salud pública
La ley actual que rige los delitos de tráfico de drogas, la llamada Ley de Psicotrópicos 8402 es una norma que en teoría busca atender y proteger la salud pública de los ciudadanos. Pero para nadie es un secreto que los encargados del Ministerio Público cuyo músculo de operación se concentra en la Fuerza Pública y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) no siempre cumplen esta premisa.
En los últimos años, las personas han entendido, a raíz de la resolución N.°481-2018 del 29 de junio del 2018, que el cultivo de cannabis sin fines de tráfico no es considerado un delito. Muchas de estas personas padecen de enfermedades graves, la usan por motivaciones espirituales o alimenticias.
Esta razón llevó a analistas especializados en esta ley como el actual director del OIJ, Walter Espinoza a decir que para que haya delito en el tema del cultivo de cannabis tiene que haber motivaciones claras para el tráfico. Si bien, en algunos casos existen cultivos con fines de comercialización, el cultivo en sí no engloba necesariamente una conducta de venta.
En el último año, la persecución a quienes cultivan esta planta sin fines de comercialización ha tenido un preocupante aumento. Pese a que el espíritu de la ley es proteger la salud pública, estas son 5 razones por las que esta acción penal es un ataque contra la integridad de los costarricenses:
- El autoabastecimiento tiene una lógica de antinarcotráfico
La mayoría de personas que están siendo allanadas, son en su mayoría personas cuya motivación principal es autoabastecerse. Las razones más comunes son: mejor calidad, salubridad y precio. La siembra para comercialización supone una operación empresarial desde casas, equipamiento y extensión.
Los consumidores educados están en contra del cannabis que se vende en las calles debido a que están contaminados con heces, bacterias y en muchas ocasiones químicos. La pregunta es: ¿tiene lógica encarcelar a las personas que siembran plantas que benefician la salud pública?
2. Cultivo de cannabis no supone la acción de comercialización.
Que una persona cultive en su casa no engloba el acto de comercialización. Así ha sido probado en múltiples ocasiones. El hecho de que no existan lineamientos ante este hecho es un problema estatal y no de los ciudadanos. La mayoría de los casos donde las autoridades policiales suponen este delito se caen en el proceso, sin embargo, dejan severos traumas en las personas.
3. Los allanamientos policiales provocan traumas psicológicos y de la integralidad de las personas.
María de los Ángeles es una de las afectadas por una acción de allanamiento violento hecho en su casa el 8 de setiembre por 4 plantas de cannabis. Esta paciente de fibromialgia y en sus 54 años nunca había vivido una situación similar.
“Me trataron como una criminal. Toda mi vida fui costurera y ahora cuido a mi mamá. Esta es una situación traumatizante que empeoró mi situación de salud”, afirmó.
Este es solo un caso de múltiples. En muchos casos allanan a personas sin tener pruebas suficientes lo que además perpetúa un daño a la integridad psicológica.
4. A las personas a las que se les decomisan las plantas se quedan directamente sin materia prima para hacer sus remedios comprobados para su salud.
El problema de que la ley de psicotrópicos esté desproporcionada, o no establezca diferencias entre los cultivos con fines de tráfico y lo que son con fines de autoabastecimiento, pone en riesgo a los pacientes que usan esta medicina para su tratar su salud.
Es lamentable que no exista una regulación para los cultivos en pequeña escala sin importar sus fines. La situación se agrava en casos donde los pacientes usan su cosecha para realizar sus propios aceites o pomadas.
El cannabis puede tratar más de 8 enfermedades, en sus diferentes formas de consumo.
5. Prohibir el cultivo de cannabis, una planta medicinal reconocida a nivel mundial es ir en contra de la salud pública.
Hasta el momento, más de 40 países han regulado alguna forma el cultivo de esta planta. En el mundo en que vivimos la vastedad de la información se expande en velocidades inéditas. La planta y su cultivo ha sido aceptada por las altas esferas científicas de la salud. Razón por la cual, los ciudadanos costarricenses han incrementado la actividad. Ir en contra de esta realidad, es ir en contra de la salud pública, en tanto, los daños a las personas allanadas ponen en serios riesgos la salud. Muchos de ellos con cáncer terminal.
en Costa Rica. 
