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Narcotráfico en Costa Rica se sirve de la prohibición del cannabis para enriquecerse

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Las autoridades se niegan a abrir un debate regulatorio del cannabis a pesar de que sea esta la sustancia con mayor consumo y trasiego en el país.

Al finalizar el año 2016, las incautaciones alcanzaron una cifra estrepitosa: 11.925 kilos. Dependiendo de la calidad los precios por libra pueden rondar los ¢500,000 y ¢800,000 colones.

Así lo determina el último informe del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) donde se vuelve a fijar la provincia de Limón como la región donde más se decomisan kilogramos provenientes del Caribe (Talamanca y Jamaica).

De la misma manera, el trasiego interno de esa región lleva a San José (14012 eventos) a ser el lugar donde más se decomisa consumo personal, seguido por Alajuela (3133) y Cartago (2455), según datos del 2015.

Según el informe y las declaraciones del director de este organismo, Guillermo Araya, son los movimientos pro reforma de drogas los que han ocasionado un aumento en el consumo interno.

“La desinformación que se ha creado respecto al mal llamado movimiento pro marihuana medicinal que erróneamente ha torcido el concepto sobre lo que es un medicamento y cuyos efectos sobre la percepción de riesgo e inocuidad pudiesen estar haciendo que más personas se involucren en un consumo que los termina afectando”, dice el documento.

Estas mismas declaraciones las ha hecho constantemente la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), órgano de las Naciones Unidas, cuando algunos lugares en Estados Unidos empezaron los movimientos en favor de gravar impuestos al consumo, venta y producción.

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Una serie de informes han demostrado que lejos de aumentar el consumo, la regulación en Uruguay, Colorado y Washington no ha aumentado el consumo de cannabis, tampoco el uso medicinal ha mando estas señales. Sino más bien en algunos lugares se ha dado a la baja o se ha mantenido.

En esos lugares más bien, el establecimiento de permisos para cultivo ha sido visto con buenos ojos por la ciudadanía como parte del golpe a las ganancias del narcotráfico.

Lea: Legalización del cannabis en Uruguay no aumentó consumo

Las políticas del ICD han tenido algunos atinos en frenar el blanqueamiento de capitales producto de la venta ilícita de sustancias, así como la incautación de sustancias a nivel general. Sin embargo, la institución no ha atendido el consumo de una manera adecuada.

Por un lado, el ICD se refiere a que el cannabis no es medicinal, pero por otro reconocen las propiedades terapéuticas de los cannabinoides y sus estudios. En línea directa con las Convenciones de Estupefacientes, el organismo no aboga por atender el consumo, sino por estigmatizarlo.

En artículos anteriores hemos denunciado cómo además del cannabis prensado jamaiquino, el mexicano empieza a tener presencia en varias zonas del país, sobre todo en San José. Aunque las autoridades aún no han confirmado su posicionamiento –quizás para reducir la alerta por la presencia de los carteles mexicanos-, es claro que se debe a las nuevas tendencias.

No obstante, pese a que el ICD considera que los consumidores poseen información deficiente sobre el cannabis, el reciente apoyo de la ciudadanía a la legalización ha abierto el debate sobre los beneficios del cultivo para consumo personal.

El repetitivo debate de la reducción del consumo de cannabis del ICD no ha ofrecido alternativas para disminuir  este impacto. Más bien, se ha servido de sus bajos resultados, para estigmatizar a los consumidores y a los movimientos.

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ESCRITO POR: REDACCIÓN

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