En 1945, Estados Unidos (EU) aprovechó su incipiente posición como súper potencia y su influencia en el seno de las sesiones ONU para imponer un control estricto global sobre los usos del cannabis.
Mediante al posicionamiento de figuras empresariales importantes como las farmacéuticas, el país del norte busca el desarrollo de una convención “única” por medio de la cual se sustituirían los tratados de fiscalización de sustancias anteriores en 1912.
Por medio de pruebas científicas poco creíbles, EU crea influencia en la recién formada Organización de la Salud para posicionar al cannabis como una sustancia altamente peligrosa. Sin embargo, se realizó con criterios científicos poco rigurosos, como se ha demostrado en estudios recientes.
Desde sus inicios, los espíritus de las convenciones han sido punitivas hacia los usos que no tengan que ver con facultades médicas y científicas. Esto es claro. Para ello, la ONU crea 4 listas -hegemónicas y de interes para ciertos sectores- aprovechando, grosso modo, las facultades terapéuticas de unas sustancias y descartando el valor de otras.
Los países poderosos buscaron con ellas ejercer hegemonía sin respetar las distintas prácticas culturales y el uso de entéogenos en lugares de África, India, Asia y América en los procesos de negociación.
El objetivo siempre estuvo sobre la mesa de acuerdo a la siguiente consigna “el uso del cannabis, de la resina, extractos y tinturas con fines no médicos, deberán ser erradicados lo antes posible, pero en todo caso, en un plazo de 25 años”.
Siguiendo con la línea prohibicionista, en la segunda Convención Internacional de 1971 se decide incluir los principios activos del cannabis (delta-9-tetrahidrocannabinol, THC) en un tratado donde se incluyeron algunas otras sustancias que no habían sido incluidas en la convención anterior.
Algunas de ellas, producto de las investigaciones farmacológicas. Finalmente, en la de 1988, la nueva postura de la ONU contra el problema, los lleva a introducir disposiciones más explicitas en cuanto al consumo, cultivo y la posesión.
Desde ese entonces, las políticas de los Estados han llegado a arrojar a miles de personas consumidoras a las cárceles, así como aquellos con posesión no necesariamente vinculada con el delito.
La ONU y sus sistemas de fiscalización hacen que los Estados a establecer una serie de confusiones y vacíos políticos excluyentes e irresponsables hacia las personas que usan drogas.
Tanto en Estados Unidos como en América Latina los encarcelamientos masivos han creado una problemática seria de hacinamiento, de ruptura de núcleos familiares y una falta de información que ha traído peores consecuencias que las sustancias por sí mismas.
Para establecer vigilar estas políticas, se crea en la ONU, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE). Sin embargo, lejos de ser un centro de apoyo para crear nuevos acercamientos a la problemática, la entidad se ha vuelto un órgano inflexible e incapaz de conciliar sobre los diversos puntos de vista que existen en torno al tema.
«Cada año la Junta realiza un informe
sobre la situación global de las sustancias».
La presión social y la necesidad mundial de un nuevo enfoque han llevado a los países a establecer sus propias condiciones. Ya que las convenciones no diferencian la posesión y el cultivo para uso personal, algunas figuras han empezado a funcionar.
En 2012, los votantes de Colorado y Washington decidieron establecer controles estatales para regular el cannabis, desde el punto de vista no medicinal. Lo mismo ha sucedido con Uruguay, quienes en 2014 toman medidas similares amparados en estas secciones.
Debido a que el espíritu de las convenciones, como ya se ha dicho, es prohibicionista, la JIFE tildó a Uruguay de “piratas” y a partir del 1990 ha endurecido sus posturas primero por los coffee shops en Ámsterdam y se han mostrado intolerantes a los programas de cannabis medicinal.
La implantación de categorías de sustancias mayor o menor dañinas, produce en general una dificultad para investigaciones profesionales en todas las sustancias, a pesar de que casi todas ellas han demostrado altas características terapéuticas.
Para la JIFE, el tema envía “señales equivocadas” sobre la inocuidad de la sustancia. Pero no solo para ellos, su presión Estatal es notable debido a que hasta la fecha es el discurso que se mantiene y se repite en la mayoría de países.
Archivos:
en Costa Rica. 
