Este miércoles un joven estudiante de derecho presentó una denuncia en contra de la Fuerza Pública, Allan Herrera y otros policias, por privación de libertad agravada y abuso de autoridad.
Los hechos se desarrollaron en Barrio La California cuando a eso de las 8:30 de la noche, el denunciante se encontraba consumiendo cannabis y fue interceptado por un grupo de policías por consumir en vía pública.
Cuando el joven de apellido Vargas pregunta sobre el porqué de la requisa, el jefe de ese grupo policial, llama inmediatamente a la perrera por “resistencia a la labor policial». El sujeto portaba 0,2 gramos en una manzana.
En la denuncia 000-17-020046, el joven describe cómo el grupo de oficiales amenazaron con denunciarlo ante su universidad si se resistía al operativo.
“Me hicieron sacar el celular y billetera para dejarme incomunicado pues les dije que los iba a denunciar” aseguró a MCN.
Una vez ingresado en esa unidad policial, Vargas quien se identifica como activista de derechos humanos, afirma que sufrió agresión psicológica y física durante las tres horas que lo tuvieron privado de libertad.
“Era la única persona que estaba en la patrulla, se fueron a hacer casería de personas con antecedentes penales […] Primero metieron a un sujeto que estaba muy drogado y me decían que era un delincuente y que había apuñalado. Lo hicieron para atemorizarme”, se lee en el texto de la denuncia de la cual este medio tiene copia.
Consultado sobre las razones de la detención, el oficial Allan Herrera, manifestó que consumir drogas ilícitas en vía pública es delito, sin embargo, una vez que se le cuestionó su conocimiento de la ley de psicotrópicos, cambió la versión y afirmó que el detenido “obstruyó el trabajo de la fuerza pública”.
Una vez que el activista se encontraba en privación de libertad agravada, solicitó a los oficiales un acta de decomiso por los 0,2 gramos que poseía. No obstante, según su testimonio, ellos se negaron a escribirla, faltando al procedimiento que establece el Código Procesal Penal para los decomisos.
La abogada de Vargas, Monserrat Pérez, asegura además que el oficial Herrera le dijo que dejarían en libertad a su cliente en Caseta 12 de la delegación de Barrio México, sin embargo, una vez ahí, no lo dejaron bajar. Dos horas después fue liberado puerta afuera en la delegación de la Fuerza Pública de la Avenida 8.
“Mi cliente se encontraba en un estado psicológico alterado y con ganas de vomitar, pues asegura que estaban con otras 5 personas en situación de calle, hacinadas en la perrera con placa 8-6821”, afirmó Pérez.
El artículo 79 de la ley 8204, no establece penas al consumo en vía pública, sino que indica que los oficiales de la Fuerza Pública tienen el deber de promover y facilitar tratamiento voluntario y gratuito con fines terapéuticos.
Asimismo, la fiscalía no puede procesar casos como el consumo en vía pública según el Instructivo general 02-2010 , ya que no se considera delito.
El afectado asegura que presentará todas las pruebas necesarias para que lo anterior no le suceda a otros ciudadanos.
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en Costa Rica. 
