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Por Isaac Vargas Rojas

Vivo en el “país más feliz del mundo”, tal vez no para un “mariguano” “grifo”, “drogadicto”, “enfermo”, entre muchas palabras peyorativas y discriminatorias más que utiliza la sociedad y el Estado para calificarnos.

A pesar de ello, es un país que –como decían en una triste campaña política de hace algunos años– es “el menos malo”, al menos de la región centroamericana, es el único que no penaliza el consumo en la vía pública y menos en el espacio privado de las satanizadas “drogas ilícitas”.

Pero que, irracionalmente impone penas desproporcionales, como la contemplada en el artículo 58 de la Ley N°8204, que prevé una sanción de ocho a quince años de prisión a quién ejecute medios de obtención y producción aptos y salubres para las mal llamadas “drogas”, como podría serlo el autocultivo de cannabis.

Al respecto, un caso conocido en los medios, es el sacrificio del abogado Mario Cerdas, que tuvo que estar en prisión preventiva y aún paga la pena de atravesar un lerdo y engorroso proceso penal que al día de hoy permanece en apelación de sentencia e incluso podría llegar a casación en la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia.

 

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Lo anterior responde a que la legislación no es clara y el Ministerio Público se empeña en perseguir un “delito” que no es delito, por faltar la antijuricidad material y la afectación al supuesto bien jurídico tutelado que es la salud pública.

Esto me hace preguntarme: ¿Por qué el Estado gasta tantos millones en perseguir a un ciudadano que quería sembrar en su casa, sin dañar a nadie, ejerciendo su derecho humano fundamental a la libertad de agricultura?

Como consumidor de cannabis varios añillos, que ama desarrollar sus derechos a la personalidad, a la libertad de asociación y a la autonomía de la voluntad privada, me pregunto, ¿qué puedo hacer? Sino quiero que mi cannabis este manchada de sangre, que no le cueste millones de colones al Estado en persecución y represión, que no esté contaminada por orines, sustancias químicas y demás factores que los putos narcos le ponen a las flores para comprimirla, para que pegue más o por competencia desleal con otros carteles.

¿Qué puedo hacer para que el Estado no me persiga, me aplique prisión preventiva o me trate como un criminal, por sembrar una planta que tiene tantos usos médicos, espirituales y recreativos? Qué difícil una luz de cambio, en un entorno lleno de legisladores prejuiciosos que se encuentran viciados por la religión y otras vendas ideológicas.

Lo único que se me ocurre es luchar, buscar gente que piense como yo, generar bloques, unir fuerzas, presentar los recursos legales que permitan garantizar mis derechos humanos y los de miles de consumidores que estamos en este país.

En fin, pelear en distintas fronteras, en este campo de batalla minado donde el narcotráfico y el gobierno tienen recursos casi ilimitados, tal vez más unos que otros. ¡Qué difícil! Pero como dijo una vez Ernesto Guevara (El Che) “la única lucha que se pierde es la que se abandona”.

* El autor es , activista en Derechos Humanos, estudiante de la licenciatura en derecho y del énfasis en derechos humanos de la Universidad de Costa Rica, Sede de Occidente, coordinador en la Defensoría Estudiantil de la Universidad de Costa Rica Sede de Occidente en el año 2016, meritorio en el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de San Ramón en los años 2015 y 2016. 

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